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Por momentos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece repetir uno de los errores más frecuentes de la política mexicana: confundir mayoría política con consenso democrático. El reciente fracaso de su reforma electoral en la Cámara de Diputados no sólo representa una derrota legislativa, sino también una señal de alerta sobre la forma en que se está ejerciendo el poder desde Palacio Nacional.
La iniciativa, que pretendía modificar aspectos clave del sistema electoral, llegó al pleno sin el respaldo suficiente para alcanzar la mayoría calificada. Lo más revelador no fue el rechazo de la oposición —algo previsible—, sino el voto en contra de los propios aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Cuando incluso quienes han acompañado al gobierno en prácticamente todas sus decisiones deciden marcar distancia, el problema ya no es ideológico: es político.
La derrota deja al descubierto una debilidad que el oficialismo ha tratado de minimizar: gobernar con mayoría simple no significa tener la capacidad de construir acuerdos amplios. Las reformas constitucionales exigen negociación, diálogo y, sobre todo, disposición para escuchar a quienes piensan distinto. Nada de eso parece haber ocurrido en este caso.
El estilo político que ha marcado los primeros meses del gobierno de Sheinbaum se ha caracterizado por una fuerte centralización de decisiones y por la expectativa de que el Congreso funcione como una extensión automática del Ejecutivo. Sin embargo, la votación sobre la reforma electoral demuestra que incluso dentro de su propio bloque existen límites a esa lógica.
También revela otra contradicción. Durante años, el movimiento político que hoy gobierna el país criticó duramente las reformas electorales impulsadas desde el poder sin consenso. Ahora, desde la Presidencia, parece haber intentado recorrer el mismo camino que antes cuestionaba. La política mexicana tiene una memoria corta, pero los hechos terminan alcanzando a los gobiernos.
El revés legislativo debería servir como un momento de reflexión para la administración federal. Las reformas profundas no se imponen; se construyen. Y cuando se intenta avanzar sin acuerdos sólidos, el resultado suele ser exactamente el que vimos en San Lázaro: una iniciativa caída, aliados incómodos y una oposición fortalecida.
Más allá de la reforma específica, lo que está en juego es la capacidad del gobierno para conducir políticamente al país. Si la presidencia insiste en privilegiar la disciplina partidista sobre la negociación democrática, es probable que este no sea el último tropiezo legislativo del sexenio.
La pregunta de fondo es si el gobierno de Sheinbaum tomará esta derrota como una oportunidad para corregir el rumbo o si, por el contrario, optará por profundizar una estrategia política que ya ha demostrado sus límites. En política, como en la democracia, escuchar también es gobernar.
